Hasta el 22 de diciembre la Sala Juzgadora tendrá plazo para definir si separa en forma definitiva o ratifica en su cargo al suspendido intendente Daniel Fioretti, luego de que la Sala Acusadora elevara la requisitoria sosteniendo que el jefe comunal incumplió con normas municipales y leyes tributarias en los cuatro hechos por los cuales está siendo sometido a juicio político.
Esta semana la Sala Acusadora finalizó su tarea en la investigación sobre los cuatro hechos en los que se imputó incumplimiento de los deberes de funcionario público a intendente Daniel Fioretti, por lo que comenzó a correr el plazo de 30 días corridos para que la Sala Juzgadora emita su dictamen.
De esta manera el plazo máximo para que los concejales que integran esta sala den su dictamen vence el 22 de diciembre. El mismo puede ser el de considerar que hubo incumplimiento de los deberes y por tanto el intendente Daniel Fioretti sea destituido de su cargo; o por el contrario que no hubo tal incumplimiento y por lo tanto debe ser repuesto en sus funciones.
En el caso de que determine su destitución, el intendente interino, José Rayó deberá hacer la convocatoria a elección de carácter municipal, únicamente para el cargo de intendente.
De acuerdo a lo que establece la Carta Orgánica municipal, la elección se realizará 90 días posteriores a la convocatoria, que en el caso de un fallo de destitución, se deberá realizar antes de fin año, por lo que en marzo, los reginense deberán votar para elegir un nuevo intendente hasta la finalización del mandato en 2019.
La Sala Acusadora, a través de un dictamen que lleva la firma de los concejales Domingo Vallejo, Beatriz Puente (FpV) y Sandra Quiróz (JSRN), como comisión informante, ratificó la acusación contra el suspendido intendente, al considerar que existen pruebas de que incumplió con normas municipales y leyes tributarias en los cuatro hechos por los cuales se definió someterlo a juicio político.
Precisamente los cuatro hechos ocurrieron en 2016 y parte en 2017, y tuvieron trascendencia pública. En dos de ellos hubo denuncias ante la justicia, que en un caso solicitó el desafuero del intendente. El tema fue tratado en el inicio del período de sesiones ordinarias de este año y se desestimó el desafuero de Fioretti.
En el segundo hecho, en una denuncia en el fuero laboral, la justicia determinó la inconstitucionalidad de una serie de decretos que firmó el jefe comunal y ordenó la incorporación a planta permanente de 93 agentes que en 2015 habían rendido examen para tal fin.
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