“La intervención
fue un
fracaso”.
Nuevas voces se sumaron para cuestionar la intervención judicial que desde setiembre se impuso sobre la Cooperativa La Reginense. Esta vez fueron los socios, que consideraron que a punto de cumplirse el año de la intervención, la medida “fue claramente un rotundo fracaso”. Trabajadores temporarios fueron los primeros en plantear el reclamo por salarios adeudados, situación que aún está en vías de solución con la intervención del gobierno provincial. Luego se sumaron trabajadores de planta permanente, quienes no solo En principio a partir de un pedido formulado por la Dirección de Cooperativas y Mutuales de la provincia de Río Negro, el juzgado Civil y Comercial de Villa Regina, a cargo de la jueza Paola Santarelli, determinó “la medida de fiscalización pública bajo el amparo de la Ley 20.337. La tarea del interventor tendrá por objeto exclusivo regularizar la situación dentro de la entidad”.
El pedido de intervención respondió a incumplimientos estatutarios, porque la mesa directiva no contaba con la cantidad de socios necesarios. De los 10 necesarios, solo hay ocho. A su vez se no se presentaron balances de los últimos años.
“Esta situación era conocida por la Dirección de Cooperativas, porque antes de la intervención desde la provincia se había otorgado una asistencia financiera a la firma para la compra de maquinaria. La Reginense tiene ocho socios, porque se produjo el fallecimiento de algunos y el retiro de otros mucho tiempo antes”, comentó Ignacio Bello, que desde 1986 integra la cooperativa.
En los 10 meses de intervención, en ningún momento se convocó a los socios de la cooperativa para poder regularizar la situación; “sin embargo, Pérez, no solo no nos llamó y ni siquiera consultó sobre medidas que tomó sobre la cooperativa, sino que en marzo pidió a la jueza la extensión por otros 10 meses de la intervención y planteó la desvinculación de quienes somos socios. Afortunadamente la juez no hizo lugar a este pedido”, agregó Bello.
Más tarde el interventor propuso incorporar socios, entre ellos grupos conformados como cooperativas y entidades como el Consorcio de Riego y Drenaje. “Es algo inaudito, no se puede incorporar socios sin el visto bueno de la mesa directiva y tampoco se puede incorporar como socios a otras cooperativas ú organizaciones”, apuntó Bello.
Al mismo tiempo remarcó que “el interventor dispuso a su antojo en el manejo de la cooperativa e incurrió en graves faltas; por ejemplo avanzó con un plan de reactivación de la elaboración de sidras, pero se hizo de una manera inadecuada y el producto que se puso a la venta fue de muy mala calidad. Se puso en marcha la planta de empaque y frigorífico con un costo altísimo, sin tener seguros y ni siquiera la cobertura de ART para los trabajadores”, dijo el vocero del grupo de socios.
Finalmente Bello destacó que “hasta antes de la intervención, los socios de la cooperativa logramos cubrir el concurso y las hipotecas que pesaban sobre la cooperativa, pero ahora la deuda que se generó hace nuevamente inviable la recuperación”; aunque los socios tienen un plan que busca incorporar nuevos integrantes y la capitalización con el desprendimiento de bienes de la asociación de productores.
Demanda por el Museo del Vino y la Sidra.
A partir de la intervención de La Reginense, el proyecto para desarrollar el Museo del Vino y la Sidra, entró en riesgo por el planteo de disolución de la iniciativa que involucra al gobierno nacional, el de Río Negro, municipio, la cooperativa y Fundesur.
Desde hace más de un año el municipio reginense recibió parte de los fondos previstos por parte del gobierno nacional para iniciar el plan de obras para la creación de un “centro de interpretación” referido a la ruta del vino en el Alto Valle y la elaboración de sidra en esta región. Pero las licitaciones previstas aún no se pudieron llevar adelante, en parte porque la provincia no giró los fondos para una parte del financiamiento y por la pandemia que paralizó el funcionamiento de los organismos públicos.
Sin embargo, según se pudo saber, la intervención intentó dar de baja el convenio para desarrollar el proyecto, lo que generó una demanda judicial contra la conducción de la cooperativa.
La propuesta nació del área de turismo del municipio hace cinco años, proyecto que fue potenciado por Fundesur para generar un “centro de interpretación” interactivo sobre la historia y desarrollo en el Alto Valle de la actividad vitivinícola y sidrera. En 2019, el gobierno nacional giró al municipio una partida de cinco millones de pesos, fondos que permanecen en resguardo a la espera de la contraparte del gobierno rionegrino para iniciar la licitación de obras.reclamaron por el pago de salarios adeudados desde 2019 hasta la actualidad y aguinaldos, sino que a su vez cuestionaron el accionar del interventor judicial, José Pérez, por actuar con “abuso de autoridad” y disponer de bienes de la Cooperativa, sin que se conozca cuál fue el destino de estos.
Desde la intervención judicial, que comenzó el 9 de setiembre de 2019, hasta el momento los socios no se habían manifestado; aunque ahora decidieron hacerlo al apuntar que la intervención “se puso la cooperativa de sombrero” y que el proyecto que tiene es avanzar en una desvinculación de los socios para favorecer el ingreso de un grupo empresarial, que sin costo quiere hacerse del patrimonio de la Cooperativa.
Publicado en "La Comuna", 20 de Julio del 2020.
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