domingo, 11 de enero de 2015

Trabajos en la Ruta 22 están paralizados.

Distintos factores han determinado que en los últimos meses los trabajos que se están realizando sobre la Ruta Nacional 22 se encuentren virtualmente paralizados.

Ya no es noticia. En el último tiempo, cada vez que uno pasa por la Ruta 22 sólo ve un par de camiones regadores intentando frenar la polvareda que levanta el viento y a un reducido grupo de operarios que intentan advertir a los conductores del peligro que representa circular por esa vía asfáltica. Pero nada se ve de nueva infraestructura y menos aún del asfalto en los márgenes de la vieja cinta.

Según fuentes del sector privado, hace más de 12 meses que no se hacen trabajos de construcción sobre esta vía en la provincia de Río Negro.

La mayor parte de las empresas que participan de la concesión asegura que la obra se encuentra frenada por una "readecuación de proyecto".

El estudio de ampliación de la Ruta 22 encuadrada entre Cipolletti y Godoy fue "revisado" para pasar de autovía a autopista, teniendo en cuenta el flujo de tránsito esperado para los próximos veinte años en toda la región. Esto determinó que los planos iniciales fueran revisados por Vialidad Nacional para incorporar mayores obras de infraestructura.

Por definición, una autopista es una vía de comunicación entre poblaciones reservada a la circulación exclusiva de vehículos automóviles, que dispone de calzadas separadas para ambos sentidos por una mediana, accesos y salidas independientes y cruces o pasos a distinto nivel y carece de acceso directo a las propiedades colindantes.

La autovía, también por definición, carece de algunos de estos principios.

La readecuación del proyecto fue iniciada hace más de un año y a la fecha pocas han sido las empresas que recibieron autorización para seguir con la obra.

Pero, independientemente de este punto, los problemas para continuar con la construcción de la autopista van más allá.

Los reclamos de las constructoras que participan del proyecto se centran en cuatro variables bien definidas:

• los problemas burocráticos del gobierno nacional para aprobar la readecuación de los proyectos,

• el retraso de los pagos por parte del gobierno central –con la mayor parte de las certificaciones presentadas, las constructoras están soportando retrasos superiores a los seis meses, lo que les genera un serio problema de financiamiento–,

• el creciente impacto de la inflación en la estructura de costos –tanto la readecuación de los proyectos como la postergación de los pagos sobre las certificaciones de obra ejecutada– genera importantes "descalces" en los balances de las empresas, que se potencian con los índices de precios que crecen en el tiempo,

• no existe financiamiento bancario a tasas adecuadas para soportar los desvíos financieros que generan los mayores costos y la falta de pago del gobierno nacional. El sistema bancario está otorgando créditos al sector con tasas superiores al 40% anual y un costo financiero total por encima del 50%. "Tomar créditos en estas condiciones, a la espera de una reacción de Nación, es literalmente inmolarse", aseguró un ejecutivo de una empresa regional que pidió mantenerse en el anonimato.

La mayor parte de las empresas consultadas asegura que los problemas financieros que generan los retrasos en los pagos y la postergación de la ejecución de obra no dejan margen económico alguno para poder invertir en tecnología, clave para mantener la competitividad en el mercado. "Las amortizaciones ya no se toman en cuenta, ya que no existe disponibilidad de fondos para poder incorporarlas en los presupuestos", aseguró otro ejecutivo regional en una conversación sobre el tema.


Frente a este escenario, la obra pública provincial es clave para las empresas locales. Cabe recordar que tanto en Río Negro como en Neuquén la suma de los fondos asignados para estas partidas no alcanza los 1.000 millones de pesos anuales.

Publicado en el Suplemento "El Económico" del Diario "Río Negro", domingo 11 de enero de 2015.

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