La causa de los PER –que investiga presuntas irregularidades en el pago de ese programa laboral– tiene el color más amarillo de todos los expedientes por corrupción.
Se cumplirán nueve años desde que el exfiscal de Investigaciones, Pablo Berraz, presentó la denuncia en el juzgado del entonces magistrado Pedro Funes.
Los fondos investigados fueron asignados entre 2001 y 2003 por la Secretaría de Trabajo de Río Negro.
En el 2007 se procesó por el manejo irregular de esos fondos a los exfuncionarios Gustavo Otero, Ángel Poggi y María Miran. Se les imputó “defraudación reiterada”. En tanto, se dictó la falta de mérito en beneficio de Daniel González, quien entonces se desempeñó como director general de Trabajo.
El hilo del ovillo, dice la investigación del diario Río Negro se desprendió en 2003 cuando se detectó un desvío de fondos por parte de un empleado, lo que generó la denuncia de la titular entonces de la secretaría, Ana Piccinini. Ese empleado fue condenado pero la causa mayor aún espera resolución. No superó la instancia de los procesamientos dictados hace cinco años. El periodo de investigación en Trabajo comprende las gestiones de Piccinini y de Alejandro Betelú, ambos legisladores en la actualidad, aunque en bloques opuestos.
Fuente de información: http://fmpatagonia.com de Radio Patagonia de Villa Regina.
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