El STJ avaló a una concejal de Regina que pide la inconstitucionalidad del traspaso del servicio de agua a ARSA.
Rechazó el planteo del municipio, que había cuestionado la legitimidad de la concejal opositora Nadia Ilundayn por supuestas diferencias entre lo que se votó y lo que finalmente fue publicado en el Boletín Oficial.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro rechazó
el planteo de falta de legitimación planteada por la municipalidad de Regina a
la acción de la concejal opositora Nadia Ilundayn, que cuestionó la
constitucionalidad de la ordenanza que aprobó el traspaso del servicio de agua
y cloacas desde el municipio a la empresa provincial ARSA.
La Fiscalía Municipal presentó el recurso después de que la
edil de “Nos Une Río Negro” promoviera la inconstitucionalidad de la normativa.
En una sentencia interlocutoria (que no define la cuestión de fondo), el STJ
determinó que la concejal tiene legitimidad para continuar con el planteo.
El Tribunal recordó que el cargo legislativo no otorga
legitimación para impugnar normas fuera del órgano que se integra, salvo que
exista una afectación del “derecho de función”. Con base en esa doctrina y en
los criterios de la Corte Suprema, el STJ consideró que la concejal invocó un
interés específico y concreto vinculado con su rol institucional.
La presentación de concejal se fundó en presuntas
irregularidades en la promulgación y publicación de la ordenanza. Este aspecto
es susceptible de control judicial con independencia del resultado de la
votación.
Por ello, el Tribunal desestimó la excepción planteada por
la municipalidad y ordenó continuar el trámite de la acción de
inconstitucionalidad.
Los argumentos de la decisión del STJ.
El fallo establece que “todo legislador que invoque la
lesión de este derecho constitucional —ya sea que la violación provenga de sus
pares, de otro poder constituido o de un sujeto ajeno al esquema de
organización constitucional— se encontrará legitimado para recurrir a los
tribunales de justicia a fin de resguardar el derecho de función”.
El STJ agregó que la concejal participó del debate
parlamentario, votó en contra y perdió por el juego de las mayorías y minorías
respectivas. “Aun así, impugna la norma por vicios incurridos en el trámite de
promulgación y publicación, última etapa del íter formativo (procedimiento legal)
que puede ser objeto de revisión judicial, conforme al criterio establecido por
la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
En su presentación, la edil señaló irregularidades en el
procedimiento legislativo y en la etapa de promulgación y publicación.
Afirmó que el texto difundido en el Boletín Oficial no
coincidió con el aprobado, pues el Ejecutivo municipal que lidera Luis Albrieu
incorporó anexos sin tratamiento del Concejo. Además, cuestionó la mayoría
utilizada y la falta de licitación conforme con las leyes provinciales.
Publicado en Diario Río Negro.
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