Distintos factores han determinado que en los últimos meses
los trabajos que se están realizando sobre la Ruta Nacional 22 se encuentren
virtualmente paralizados.
Ya no es noticia. En el último tiempo, cada vez que uno pasa
por la Ruta 22 sólo ve un par de camiones regadores intentando frenar la
polvareda que levanta el viento y a un reducido grupo de operarios que intentan
advertir a los conductores del peligro que representa circular por esa vía
asfáltica. Pero nada se ve de nueva infraestructura y menos aún del asfalto en
los márgenes de la vieja cinta.
Según fuentes del sector privado, hace más de 12 meses que
no se hacen trabajos de construcción sobre esta vía en la provincia de Río
Negro.
La mayor parte de las empresas que participan de la
concesión asegura que la obra se encuentra frenada por una "readecuación
de proyecto".
El estudio de ampliación de la Ruta 22 encuadrada entre
Cipolletti y Godoy fue "revisado" para pasar de autovía a autopista,
teniendo en cuenta el flujo de tránsito esperado para los próximos veinte años
en toda la región. Esto determinó que los planos iniciales fueran revisados por
Vialidad Nacional para incorporar mayores obras de infraestructura.
Por definición, una autopista es una vía de comunicación
entre poblaciones reservada a la circulación exclusiva de vehículos
automóviles, que dispone de calzadas separadas para ambos sentidos por una
mediana, accesos y salidas independientes y cruces o pasos a distinto nivel y
carece de acceso directo a las propiedades colindantes.
La autovía, también por definición, carece de algunos de
estos principios.
La readecuación del proyecto fue iniciada hace más de un año
y a la fecha pocas han sido las empresas que recibieron autorización para
seguir con la obra.
Pero, independientemente de este punto, los problemas para
continuar con la construcción de la autopista van más allá.
Los reclamos de las constructoras que participan del
proyecto se centran en cuatro variables bien definidas:
• los problemas burocráticos del gobierno nacional para
aprobar la readecuación de los proyectos,
• el retraso de los pagos por parte del gobierno central
–con la mayor parte de las certificaciones presentadas, las constructoras están
soportando retrasos superiores a los seis meses, lo que les genera un serio
problema de financiamiento–,
• el creciente impacto de la inflación en la estructura de
costos –tanto la readecuación de los proyectos como la postergación de los
pagos sobre las certificaciones de obra ejecutada– genera importantes
"descalces" en los balances de las empresas, que se potencian con los
índices de precios que crecen en el tiempo,
• no existe financiamiento bancario a tasas adecuadas para
soportar los desvíos financieros que generan los mayores costos y la falta de
pago del gobierno nacional. El sistema bancario está otorgando créditos al
sector con tasas superiores al 40% anual y un costo financiero total por encima
del 50%. "Tomar créditos en estas condiciones, a la espera de una reacción
de Nación, es literalmente inmolarse", aseguró un ejecutivo de una empresa
regional que pidió mantenerse en el anonimato.
La mayor parte de las empresas consultadas asegura que los
problemas financieros que generan los retrasos en los pagos y la postergación
de la ejecución de obra no dejan margen económico alguno para poder invertir en
tecnología, clave para mantener la competitividad en el mercado. "Las
amortizaciones ya no se toman en cuenta, ya que no existe disponibilidad de
fondos para poder incorporarlas en los presupuestos", aseguró otro
ejecutivo regional en una conversación sobre el tema.
Frente a este escenario, la obra pública provincial es clave
para las empresas locales. Cabe recordar que tanto en Río Negro como en Neuquén
la suma de los fondos asignados para estas partidas no alcanza los 1.000
millones de pesos anuales.
Publicado en el Suplemento "El Económico" del Diario "Río Negro", domingo 11 de enero de 2015.
