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El Estado rionegrino deberá desembolsar unos 2 millones de pesos para hacerse cargo de los 32 empleados durante los seis meses que dure la intervención en LU19, siempre y cuando abone salarios similares a los que actualmente cobran los trabajadores. A días del anuncio del gobernador Alberto Weretilneck aún no se sabe a ciencia cierta ni quiénes son los dueños reales de la emisora ni cuánto es el pasivo que dejaron las anteriores administraciones.
La situación de los trabajadores de la radio es más compleja aún, ya que tampoco saben si les hicieron los aportes que establece la ley. De lo que sí están seguros es que, a pesar de los descuentos que figuran en sus recibos de sueldos, no cuentan con una obra social.
La deuda salarial que dejó la administración a cargo de Hugo Benedetti, que se presentó en mayo del año pasado como el legítimo propietario tras haber adquirido la emisora a los antiguos dueños, sería cercana a 1.100.000 pesos. De acuerdo a lo que manifestaron los empleados, el promedio salarial es de unos 7.000 pesos y aún no cobraron los sueldos de diciembre, enero, febrero y marzo ni la mitad del sueldo anual complementario de fines de 2013. El gobernador aseguró que el Estado rionegrino no asumirá esta deuda, hecho que también se dejó aclarado en la resolución de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) que en su artículo segundo establece que el gobierno "asumirá respecto de los empleados de LU19 (…) todas las obligaciones emergentes de los convenciones colectivas de trabajo, contratos laborales y leyes de previsión, con excepción de los efectos derivados de incumplimientos producidos con anterioridad a dicha fecha, haciéndose cargo de la antigüedad del personal".
Según trascendió de fuentes oficiales, los trabajadores obtendrán un contrato por seis meses (el tiempo de la intervención) y se dispondrá de un contador para que realice los balances y pueda determinar la deuda real. También se está a la expectativa de la posibilidad de que el o los propietarios realicen alguna presentación ante la Justicia por la intervención estatal.
Aunque esta es la primera vez que el Estado figurará como titular de la frecuencia, LU19 es una radio que en los últimos 20 años siempre estuvo ligada al poder político, particularmente al radicalismo que gobernó la provincia en ese mismo lapso de tiempo.
Más allá de la publicidad oficial que marcó mejores y peores épocas financieras de la radio, hubo hombres políticos que tuvieron, al menos en el imaginario colectivo, una influencia determinante.
Los exgobernadores Horacio Massaccesi y Pablo Verani, y funcionarios ligados a estas gestiones, fueron mencionados permanentemente por los empleados más antiguos de la emisora que dialogaron con "Río Negro" durante las últimas horas. También las intenciones de minimizar las voces opositoras con advertencias del tipo "sabés quién soy yo" o "por qué le abriste el micrófono" a tal o cual fueron hechos relatados por los trabajadores y dejaron en evidencia el estrecho vínculo entre los empresarios y los hombres políticos.
Poder acceder a datos sobre la radio, las condiciones laborales o el decaimiento que sufrió la emisora en los últimos años no es una tarea sencilla.
Los que accedieron a hablar lo hicieron con el expreso pedido de que sus nombres quedaran en el anonimato, un hecho que también refleja temores que se gestaron durante años de dificultades.
Porque si una cosa quedó en claro es que los conflictos laborales datan de fines de los 80 cuando, según recordaron, el director de LU19 era el neuquino Nicolás Salvatori.
Poco después la radio pasó a manos de Miguel Abadosky y Ricardo Di Lucca y quedó bajo la dirección de Miguel Romay. Sería a los dos primeros empresarios a quien les adquirió las acciones Hugo Benedetti. La compra incluyó también la FM Comahue y LU16 de Regina.
El exlocutor y publicista aseguró en la última entrevista que le realizó "Río Negro" que los antiguos propietarios le adeudaban documentación, hecho que le generaba dificultades al momento de encaminar los aspectos financieros de la empresa.
Explicó que estaba esperando que le transfirieran la propiedad del terreno de Fernández Oro donde está la planta transmisora para poder utilizarlo de garantía y así gestionar un crédito.
Los dos últimos años, y cuando el decaimiento de la emisora que supo líder de audiencia en la región comenzó a ser evidente, la radio fue parte de innumerables versiones sobre el desmanejo que estaba sufriendo. Sin embargo hasta el momento ni siquiera el Estado provincial –o al menos eso es lo que manifestaron oficialmente– sabe realmente las condiciones en las que se encuentra.
Un canal de tevé, una AM ¿y dos FM?
El martes, Weretilneck anunció la intervención de la emisora luego de que la Afsca diera por extinguida a la licencia que en 1963 se había adjudicado a Ricardo Rost, Moisés Omill, Ignacio María Lizaso, Noemí Arolfo y José Andrada.
En la resolución 324, del 21 de abril, la autoridad federal especifica que la decisión se tomó porque los titulares (las licencias son intransferibles) "no solicitaron la renovación" de acuerdo al artículo 83 de la ley 19.798, que regía antes de la aprobación de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual más conocida como "Ley de Medios".
Inmediatamente aclara que "corresponde declarar su extinción de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 50, inciso a, de la nueva ley.
Respecto de la adjudicación de la frecuencia al gobierno, los considerandos de la misma norma aclaran que Río Negro había solicitado autorización para instalar y explotar una radio AM y otra FM en Cipolletti y que había presentado la documentación requerida.
Al ser consultado sobre por qué no se llamó a concurso para adjudicar nuevamente la licencia, el responsable de Afsca Río Negro, Pierino Porrino, explicó que la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual prevé la obligación de reservar para cada Estado provincial una frecuencia AM, otra de FM y una frecuencia de televisión abierta, con las repetidoras necesarias para cubrir todo el territorio y que al extinguirse la licencia anterior quedaba vacante ese espectro.
La Afsca le otorgó al gobierno rionegrino no sólo la frecuencia de LU19 sino también de la FM Comahue (102.9), propiedad del mismo grupo económico, lo que en principio parecería colisionar con la ley ya que el Estado cuenta con una radio en frecuencia modulada que funciona en las instalaciones de Canal 10, en Roca.
Weretilneck también anunció el envío a la Legislatura de un proyecto para declarar de utilidad pública sujeto a expropiación los bienes de la emisora.
Además del piso donde actualmente funciona, en Roca al 300 de Cipolletti, el predio de mayor valor económico es el de Fernández Oro donde está la planta transmisora. Son siete hectáreas que en su momento Hugo Benedetti (la última cara visible del grupo económico) aseguró estar esperando el título de propiedad que le adeudaban los anteriores propietarios y que pensaba utilizar de garantía para obtener un crédito y sanear financieramente la radio.
Una intervención sin base legal por Aleardo Laría.
La actuación de todo gobierno es, por esencia, una actividad reglada. Esto significa que debe existir una ley o una disposición de rango constitucional que habilite a la administración pública a adoptar determinada resolución o la faculte a ejecutar determinado procedimiento. De lo contrario, estaríamos ante una actuación arbitraria, carente de apoyo legal, que puede dar lugar a responsabilidades personales de los funcionarios que actúan al margen de la ley.
El decreto 424 firmado por el gobernador Alberto Weretilneck con el refrendo del ministro de Gobierno Luis Di Giácomo por el cual se dispone "la intervención transitoria, por el plazo de 180 días, del servicio de radiodifusión sonora por modulación identificado con la señal distintiva LU 19 de la ciudad de Cipolletti" carece de base legal. En los considerandos del decreto se menciona que la medida se dicta "en uso de las facultades que otorgan los artículos 83 y 181 inciso 1 de la Constitución Provincial, de la Ley Nacional Nº 26.522 y la Resolución 0324/14 del Afsca".
El artículo 83 de la Constitución rionegrina es una norma genérica relativa a la política de comunicación social y se limita a señalar, en términos bastante confusos, que "la radiodifusión y televisión constituyen un servicio público orientado al desarrollo integral de la provincia y sus habitantes, al crecimiento de sus regiones, la conformación de su identidad cultural y el pleno ejercicio del derecho de información". El artículo 181, inciso 1 se circunscribe a señalar que el gobernador "ejerce la representación oficial de la provincia y es el jefe de la administración provincial", de modo que tampoco se puede relacionar con la decisión adoptada. La ley 26.522, denominada habitualmente Ley de Medios, es una norma nacional que no tiene ninguna previsión que dé sustento a la intervención de una emisora radial por un gobierno provincial. La Resolución 0324/14 del Afsca, si bien no ha sido aún publicada, tampoco puede habilitar a un gobierno provincial a adoptar este tipo de medidas.
Aparentemente el gobierno provincial ha querido replicar el procedimiento actuado por el gobierno nacional con motivo de la expropiación de YPF, donde la intervención de esa compañía se apoyó en el dictado de un decreto de necesidad y urgencia que luego fue convalidado por el Congreso. En este caso, no se interviene a la empresa propietaria de la licencia, pero se la despoja de sus bienes y de hecho se ocupan sus instalaciones. No hay norma legal ni precedente que avale esta actuación.
En los considerandos del decreto se menciona que el gobierno provincial ha remitido a la Legislatura "un proyecto de ley a través del cual se propicia la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación de la planta transmisora y de los bienes muebles afectados a la explotación y funcionamiento del servicio de radiodifusión sonora identificado con la señal distintiva LU 19". En relación con el procedimiento de expropiación, el artículo 90 de la Constitución habilita "la expropiación por causa de utilidad pública" pero obliga a que ésta sea "calificada por ley, previa y justamente indemnizada". De modo que si nos atenemos a la Constitución, no es posible tomar posesión de un bien expropiado hasta tanto no se dicte la ley y no se haya procedido a indemnizar al propietario.
Por otra parte el procedimiento de expropiación que anuncia el gobierno provincial es violatorio de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Medios que textualmente señala: "Caducidad de la licencia. Al declararse la caducidad de la licencia, la autoridad de aplicación efectuará un nuevo llamado a concurso dentro de los treinta días de quedar firme la sanción. Hasta tanto se adjudique la nueva licencia, la autoridad de aplicación se hará cargo de la administración de la emisora. Si el concurso fuese declarado desierto, la emisora deberá cesar en sus emisiones". Es decir que la única opción legalmente habilitada por la ley nacional es el llamado a concurso sin que pueda la provincia interferir en ese procedimiento.
Como se percibe, el decreto del gobernador Weretilneck contiene numerosos errores. Dada la orfandad jurídica de la intervención adoptada, sólo resta buscar explicaciones por el costado político. Aquí se pueden aventurar varias hipótesis, pero la respuesta al siguiente interrogante nos da una pista plausible: ¿hubiera procedido con tamaña desprolijidad el gobierno si no hubiera actuado bajo el incentivo de incorporar una radio a la cadena oficial de medios?
¿Dónde está la utilidad pública? por Italo Pisani.
En un abrir y cerrar de ojos, los rionegrinos fueron anoticiados por el gobierno provincial de que –a partir de ahora y por tiempo indefinido– tendrán que solventar a 32 trabajadores de una empresa privada, pagarles unos cuantos salarios atrasados, recomponer el tejido roto de su fuente de financiamiento y, probablemente, asistir a una redefinición partidista de su objeto social.
¿Qué poderosa razón determinó que la emisora cipoleña LU19 "La voz del Comahue" y su frecuencia modulada sean sujetos de utilidad pública para merecer la expropiación, tras la intervención declarada?
Ninguna con base jurídica concreta.
¿Cuál sería el beneficio, ventaja o utilidad en favor de la ciudadanía de esta transferencia forzosa del derecho de propiedad privada? La expropiación involucra el concepto de necesidad pública, asociada –por ejemplo– a obras de infraestructura puestas luego al servicio de la población. Otras doctrinas la fundamentan en la protección de intereses vitales para el mantenimiento del orden y la paz pública. Hay quienes, en ese contexto y bajo un concepto más difuso y subjetivo, prefieren hablar de "función social".
Pero no hay modo de encuadrar jurídicamente la acción del gobierno de Weretilneck fuera de la presunción de un salvataje que libere de compromisos incumplidos al privado y –simultáneamente– captar un atractivo bastión de propaganda política.
Desde el punto de vista financiero, la empresa Cadena Radios del Comahue (licenciataria también de LU16 de Regina) viene exponiendo desde hace más de un año su incapacidad para afrontar el pago de deudas y de obtener financiamiento.
Su propietario visible, el exlocutor y publicista Hugo Benedetti, se mostraba impotente por conseguir créditos, pues se decía condicionado por la documentación insuficiente que acreditara su propiedad sobre el terreno donde se emplaza la planta transmisora.
La precaria tenencia, las dudas sobre los verdaderos dueños y los vínculos políticos –que Benedetti siempre desmintió– formaban parte de los clásicos rumores alrededor de la emisora.
Sea como fuere, el sentido común indica que, en estas condiciones, el fallido emprendedor puede declarar la cesación de pagos para procurar un acuerdo con sus acreedores bajo tutela judicial. O, en el último de los casos, ser declarado judicialmente en estado de quiebra.
Hablamos entonces de una situación estrictamente privada, donde el Estado sólo puede mediar y poner a disposición los organismos específicos de conciliación. Si el gobierno provincial quería evitar la asfixia de LU 19, podría haber seguido su situación financiera de un modo más cercano e, incluso, haberle gestionado u otorgado un crédito o subsidio. No lo hizo, y ahora va por todo.
El gobernador se ufana de haber asumido "todas las obligaciones emergentes de las convenciones colectivas de trabajo, contratos laborales y leyes de previsión de la radio", con la arbitraria herramienta del decreto y sin intervención alguna de la Legislatura, por ahora. El gobierno asegura que intervendrá y dio a conocer otro decreto-ley con acuerdo de ministros para proponer declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación bienes inmuebles y muebles de la emisora. Es decir, todo al revés: primero la arbitrariedad de una norma impuesta, después la búsqueda de fundamentos que acrediten la expropiación para un "debate" y por último la intervención de la Legislatura para un proceso que –admite el gobierno– se iniciará un año después de la entrada en vigencia del decreto-ley.
El artículo 90 de la Constitución rionegrina dice: "La expropiación, por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley previa y justamente indemnizada". Pero no existe base legal alguna para que la provincia pueda intervenir una empresa privada.
El afán de "resolver" los desaguisados de una empresa y el impacto en sus trabajadores (ciertamente felices hoy de superar la angustia de tantos meses) deja cosas sueltas, de importancia nada menor. Por ejemplo, no hay cálculo sobre el pago y plazo de la indemnización al privado, salvo la mención de que alguna vez habrá que justipreciarla, con destino a no se sabe quién (en razón de la difusa propiedad).
Y algo más apremiante: ¿de dónde saldrá el dinero para sostener el funcionamiento de la radio y su plantel? ¿Dónde está la partida en el Presupuesto rionegrino para los pagos que desde hoy se deberán afrontar? No hay forma de justificar estas erogaciones, salvo el clásico ardid del desvío de fondos de Rentas Generales o el uso de partidas sub-utilizadas.
Las razones de Afsca para quitarle la licencia a la emisora resultan poco claras, pues la reciente resolución no ha sido divulgada en su sitio web. El artículo 32 de la Ley de Comunicación Audiovisual determina que las licencias "correspondientes a los servicios de comunicación audiovisual no satelitales que utilicen espectro radioeléctrico serán adjudicadas mediante el régimen de concurso público abierto y permanente". Lo que ha hecho, en cambio, es "ceder" la licencia al gobierno rionegrino tras declarar extinguida la licencia. ¿Lo puede hacer? Todo indica que sí. El artículo 37 prevé que a las figuras jurídicas estatales o sin fines de lucro se les otorguen licencias en forma directa y "a sola demanda".
En lo político, esta maniobra con LU 19 abre dudas sobre las verdaderas motivaciones del mandatario y del partido que representa. No se trata sólo de la radio de su ciudad (que frecuentaba cuando era intendente con un programa propio); es un sistema de comunicación de significativo alcance regional y bien ponderado por la sociedad, como lo venía demostrando por años hasta su debacle. Para el gobierno, resultó ser un tentador mojón. Se verá con el tiempo si el dominio sobre el medio se convierte o no en un acto lesivo al equilibrio informativo y la libertad de opinión. Lo más probable es que sí.
Lo cierto es que se ha perdido un medio privado y se ha creado un nuevo medio estatal. Si se sigue la tradición lamentable de las últimas décadas, no asombraría que LU 19 sea utilizado con criterio gubernamental. Esta radio, con la amplitud de su alcance geográfico, podría ser para el gobernador una plataforma de lanzamiento de propaganda tendiente a favorecer las posibilidades de una reelección.
Sin embargo, un medio no es cualquier empresa. Es una especial, con contenido social y político. Los empleados fueron de algún modo rehenes de una situación que, para muchos, involucró un cambio de preferencia política desde que el radicalismo fue desplazado del gobierno provincial por el FpV. La inveterada práctica de la asignación de la pauta oficial de forma arbitraria ha sido disfrutada pero últimamente sufrida por la radio cipoleña. Hoy, la costumbre se prolonga con la intervención.
"LU 19 será patrimonio del Estado provincial, de todos los rionegrinos", dice el nuevo interventor, el presidente de Radio y Televisión Río Negro, Fabián Galli. Coincide con el gobernador, que apeló al componente emotivo, a su vocación por "velar por las fuentes laborales" y al deseo de que la radio "vuelva a cumplir su función social". Weretilneck dijo que la estatización de LU19 es un "homenaje a todos aquellos que hicieron grande La Voz del Comahue". En realidad, quienes crearon la radio y la mantuvieron fueron los empresarios privados, con la labor cotidiana de sus profesionales. La estatización del medio representa una transformación completa.
En definitiva, la decisión del gobierno de intervenir y expropiar -sin una justificación puntual y concreta de necesidad pública- constituye un pésimo precedente que vulnera el derecho de propiedad, y permite imaginar este criterio extendido arbitrariamente hacia cualquier otra empresa de cualquier otro sector de la economía. Algo impensable en todo Estado de derecho, salvo Venezuela.
Y si la razón no declarada hubiese sido un salvataje, el precedente también es peligroso: cualquier empresario con problemas económicos podría solicitar al gobierno que se haga cargo de su empresa, eludiendo de esta manera el farragoso trámite de acudir al concurso de acreedores.
Sea como fuere, estamos ante un acto de arbitrariedad de tal magnitud que convierte al gobernador en una suerte de monarca absolutista, que con un simple decreto puede intervenir e incorporar al Estado a cualquier empresa privada.
Una medida intrínsecamente perversa, carente de razonabilidad y expresiva de la discrecionalidad.
La respuesta del gobierno a las publicaciones de "Río Negro".
De acuerdo a lo publicado por el diario Río Negro en la edición del día viernes 2 de mayo, dedicando una página completa a las actuaciones realizadas por nuestro gobierno provincial y mi persona, en lo referente a la estatización de LU19, continuando el mismo diario y dedicándole dos páginas (8-9) en la edición del día 3 de mayo del corriente, debo permitirme contestar creyendo en lo personal que en principio el periodista Italo Pisani, editor general del prestigioso diario, basa su nota en sugerencias y presunciones desde la desinformación.
Primeramente me gustaría contestar a la opinión del diario Río Negro, en lo referente a que "el estado provincial deberá afrontar financieramente los salarios atrasados generados por la anterior conducción" y cuestionando también "el por qué los rionegrinos debemos hacernos cargo del plantel de trabajadores", digo que no es real y esta es la desinformación del diario a la cual me refiero, porque el gobierno provincial pasó a ser responsable de los trabajadores, del funcionamiento del medio, del cumplimiento del pago de haberes, y de cumplir con todas las obligaciones jurídicas, administrativas, institucionales y políticas a partir del día 29 de abril del año en curso, sin que esto implique que la conducción anterior no deba responsabilizarse de los daños o las deudas contraídas con anterioridad.
En la misma línea, el diario, por intermedio del señor Pisani, presume que "LU19 es un atractivo bastión para las propagandas políticas oficiales" generando un manto de sospechas sobre el gobernador Alberto Weretilneck para hacer uso de la misma. Debo recomendarle al diario Río Negro no sólo leer y revisar lo que publican sino también informarse en los distintos medios provinciales y regionales (televisión, medios gráficos, radios AM y FM, Web, etc..), sobre los innumerables reconocimientos de distintos dirigentes gremiales, políticos y de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, que están observando que el gobernador prioriza el pluralismo, sin lesionar el equilibrio informativo, el reparto equitativo de los espacios a los distintos sectores y la democratización de la información.
Considero asimismo que el periodista en cuestión demuestra una encarnizada defensa del empresariado al cuestionar por qué el gobierno provincial no gestionó un crédito o subsidio para el sector privado, sin tener en cuenta que esta acción no da ninguna garantía a los trabajadores. Ya en la historia, no sólo de nuestra provincia sino de toda la Argentina, hay pruebas abundantes de lo que intento replicar.
En otro párrafo el diario Río Negro pone en duda la financiación de los recursos para el funcionamiento y la masa salarial del personal. En este sentido quiero mencionar con total humildad, que soy desde horas muy tempranas hasta altas horas de la noche un empedernido trabajador y que será mi responsabilidad lograr una mejor programación con mayor contenido tanto en televisión como en radio (noticias, cultura, deportes, recreación, información general) logrando de esta manera llegar a cumplir con el objetivo que aunque seamos empresas del Estado podamos autofinanciarnos económicamente al crear un medio comercialmente atractivo para las empresas e instituciones. Confío no sólo en mi gestión sino también en todos los trabajadores que conforman la principal herramienta con la que cuenta la empresa para lograr el mencionado objetivo.
Aprovecho la oportunidad para preguntarle al diario Río Negro, como empresa privada que ha logrado autofinanciarse en tantos años de historia y trayectoria, por qué desconfiar de otras empresas sobre cómo funcionar y sostener a la planta de trabajadores, salvo que los antecedentes que Uds. conocen indique que sólo se han sostenido mayoritariamente con los aportes de los Estados provinciales y municipales. Por ser un funcionario de gobierno, y si me equivocará sabría reconocerlo públicamente, dejo sentado que en anteriores gestiones del gobierno provincial más de la mitad del presupuesto de la provincia para pautas publicitarias era destinado al mencionado diario.
Respecto a la mención del periodista de la acciones poco claras del AFSCA al no haber difundido con antelación lo que acontecería el día 29 de abril, sabrá entender Ud. que la historia en nuestro país, sin dejar exceptuada a la provincia de Río Negro, indica que se han producido vaciamientos totales de equipamiento en muchas empresas dejando imposibilitados a los trabajadores de contar con sus herramientas materiales para realizar su trabajo. En este sentido me responsabilizo de mi derecho a dudar que esto mismo pudiera haber ocurrido en LU19 de haberse anunciado la medida con anticipación.
En cuanto al título de la nota del día sábado 3 de mayo "Un ingreso poco amable" debo contestar que uno de los más preciados bienes que como herencia me ha dejado mi padre es por sobre todas las cosas el respeto hacia las personas. Entiendo que hasta los enemigos -políticamente hablando- nos debemos respeto, y esto quedó claramente documentado en las imágenes captadas por Televisión Rionegrina. El haber cambiado todas las cerraduras del edificio se debió a la responsabilidad que tengo a cargo a partir del día 29 de ser custodio de los bienes muebles e inmuebles de la empresa LU19. El haber pedido al personal el tiempo necesario, comprometiéndome a llamarlos en las próximas horas, es por la responsabilidad que tengo de conocer primeramente la situación contractual de cada uno de ellos, por entender, desde el primer minuto de la intervención, que había dos grupos de trabajadores antagónicos. Uno de ellos, defensores de los intereses privados y con quienes Uds. como medio se entrevistaron, y que no supera en número a ocho personas, trabajadores contratados por la anterior gestión de la radio. El otro grupo, con quienes el diario estuvo solidarizado en ediciones anteriores, lo componen más de veinte trabajadores que con más de diez años de trayectoria en el medio lucharon permanentemente por sus derechos legítimos sin percibir sus respectivas remuneraciones.
Sr.. Ítalo Pisani, editor responsable del diario Río Negro, como Ud. se ha tomado el atrevimiento de sugerir, de presumir, y hasta de faltar a la verdad con la información propuesta, no compartiendo en lo personal estas opiniones pero si respetando el derecho a la libre expresión de ideas, es que le pido que acepte humildemente mis sugerencias y mis presunciones de que empiece a informar mejor a los lectores de este importante y respetado medio, de mucha historia y trayectoria, porque sino corre el riesgo que el lector, al igual que me pasa a mi, descreamos de la información que publican.
Presumo que con esta metodología muchos ciudadanos lectores del diario opten por informarse por otros medios (Canal 7 de Neuquén, diario La Mañana, Am 740, Televisión Rionegrina, AM 600, AM690, AM640, diario de la Costa, ADN, APP, emisoras de FM y tantas opciones que existen a lo largo y a lo ancho de la provincia de Río Negro y de Neuquén), corriendo el riesgo de perder importantes pautas publicitarias. Ojalá nunca se permita que los trabajadores periodistas, administrativos, reporteros, diagramadores, diseñadores, etc. del diario Río Negro, comiencen a padecer lo que padecieron los que hoy son mis compañeros de trabajo de LU19 La Voz del Comahue.
Presumo también que hoy el diario tiene una gran preocupación al comprobar el pluralismo de voces que está caracterizando a esta gestión de gobierno. Una prueba fehaciente de ello es que tanto el editor responsable como el vice director del medio estén dedicándose con vehemencia a demostrar lo contrario.
Solicito a Ud. que en esta oportunidad publique esta nota completa como lo harán otros medios demostrando de esta manera que el diario Río Negro también puede ser plural.
Fuente de información: rionegro.com.ar
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